La nueva reglamentación que vio luz verde en el Senado sancionará a las empresas que se demoran en pagar a sus proveedores.

El Senado de la República aprobó la noche del miércoles en Colombia, en último debate, una ley denominada ‘Pagos a plazos justos’ que obligará a las empresas a pagar facturas a sus proveedores en un plazo no mayor a 60 días.

La reglamentación contempla que si bien el pago de facturas será de 60 días en el primer año de entrada en vigencia, luego tendrán dos años para adaptarse al tope de 45 días. Las entidades del Estado también deberán cumplir con esta norma. El proyecto pasa a conciliación con las dos Cámaras y luego a sanción presidencial.

De esta manera Colombia se alinea a países como Chile, España, Australia y Reino Unido que han regulado los plazos de pagos a proveedores, que en casos no aislados, superan más de los 90, 120 o 180 días, lo cual golpea fuertemente los márgenes de rentabilidad y la liquidez de las empresas, en su mayoría pequeñas y medianas, que en el país representan más del 90% del sector productivo

Este ‘tatequieto’ a los ‘malapaga’ tuvo desde el principio el respaldo de más de 20 gremios, pero otros dos gremios, la Andi y Fenalco, hicieron varias advertencias de oposición.

Desde Fenalco aludieron que se debía reconocer la libre autonomía privada, dando prevalencia a los acuerdos entre las partes, en la relación entre medianas y grandes empresas “y permitir una flexibilidad para que puedan fijar los plazos máximos de pago libremente, de acuerdo con las características de los bienes y servicios que comercializan”.

Desde la Andi señalaron que les preocupa “que el Estado intervenga en los acuerdos entre privados” y que este sea “un incentivo a importaciones consiguiendo proveedores en otros países”. 

Precisamente en el debate se concertó la no inclusión dentro del articulado del proyecto el “acuerdo entre privados” que venía promoviendo la Andi, lo que significa que las grandes empresas no podrán imponer periodos de pago diferentes a las que contempla esta ley, eliminando así la posibilidad de que ejerzan su posición dominante sobre las empresas más pequeñas. Las operaciones mercantiles entre grandes empresas quedaron excluidas de la aplicación de la ley.

Con la aprobación del Pago en Plazos Justos, Colombia legisla para proteger el flujo de caja y la liquidez de las micro, pequeñas y medianas empresas del país, que representan más del 96% del tejido empresarial, aportan el 40% del PIB general de la Nación, y generan 8 de cada 10 empleos nuevos.

En la nueva ley quedó contemplado que habrá un reconocimiento para aquellas empresas que paguen sus facturas en plazos menores o iguales a 30 días

Fuente: Forbes

 

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